ARMANDO SANTANA

Como consejero del Cabildo Insular de Lanzarote y La Graciosa presentaré en el próximo pleno del 1 de abril una propuesta para que nuestra institución al igual que otras administraciones locales en España, inste al Gobierno de Pedro Sánchez revisar de manera urgente el Real Decreto 666/2023, de 18 de julio, que regula el uso de antibióticos en clínicas veterinarias y su notificación en la plataforma Presvet.

Esta normativa ha generado un profundo malestar en el sector veterinario de la isla, motivando protestas y movilizaciones en los últimos meses.

El colectivo veterinario de Lanzarote ha manifestado su rechazo a este nuevo marco normativo debido a la excesiva carga burocrática que impone, las restricciones en la prescripción de medicamentos y el encarecimiento de tratamientos esenciales para el bienestar animal. Estas preocupaciones se hicieron evidentes en la concentración del pasado 5 de marzo frente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), así como en el paro convocado a nivel nacional para el próximo 26 de marzo.

Ante esta situación, solicitaré en el pleno del Cabildo a que el gobierno de España revise de forma inmediata el Real Decreto 666/2023, la aplicación de una moratoria hasta que se abra un proceso de consultas con veterinarios, administraciones locales y asociaciones de protección animal, la derogación del régimen sancionador asociado a la plataforma Presvet, la modificación del Real Decreto Legislativo 1/2015 para permitir la venta al por menor de medicamentos veterinarios por parte de los propios profesionales del sector y a garantizar de que futuras regulaciones respeten el criterio profesional veterinario y reduzcan la carga burocrática impuesta.

Quiero destacar la importancia de estas medidas para garantizar el correcto ejercicio de la profesión veterinaria y la calidad de atención a los animales. «Es imprescindible, que el Gobierno escuche a los profesionales del sector y adopte soluciones que no perjudiquen ni a los veterinarios ni al bienestar animal».

Con esta iniciativa, busco que desde el Cabildo de Lanzarote se haga un ruego al Gobierno central, para que priorice el diálogo con los sectores afectados y establezca un marco regulador más equitativo y eficaz. Desde mi posición, seguiré apoyando las demandas del sector veterinario en defensa de sus derechos y de la salud animal en la isla de Lanzarote y La Graciosa.