He leído esta mañana en un periódico local que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) afirma que Canarias sigue siendo la comunidad autónoma con la tasa más alta de disolución matrimonial en España, registrando 236,4 casos por cada 100.000 habitantes a 31 de diciembre de 2024, manteniendo esta posición desde diciembre de 2019. Durante ese año, los juzgados civiles canarios contabilizaron 5.232 procesos de divorcio, separación o nulidad, lo que supone una reducción del 4,4% respecto a 2023.
A nivel nacional se registraron 95.650 demandas de disolución matrimonial en 2024, un 3,6% más que el año anterior, cifra similar a la de 2022. Este aumento se debe principalmente al crecimiento de los divorcios, especialmente los consensuados (subieron un 4,4%), mientras que los divorcios no consensuados aumentaron un 2,8%. En contraste, las separaciones disminuyeron ligeramente y las nulidades matrimoniales aumentaron un 23,5%.
Este informe también destaca que se incrementaron las demandas de modificación de medidas, tanto consensuadas (13.045 casos, 4,5% más) como no consensuadas (32.423 casos, 2,8% más), al igual que las solicitudes de guarda, custodia y alimentos para hijos no matrimoniales, con subidas del 3,9% y 4,5% en los consensuados y no consensuados, respectivamente.
Por último, la tasa media nacional de disolución matrimonial es de 199 casos por cada 100.000 habitantes, aunque algunas comunidades como la Comunidad Valenciana, Baleares, Murcia, Andalucía, La Rioja y Castilla-La Mancha presentan cifras superiores, mientras que otras como Galicia, Navarra, Cataluña, Asturias, Cantabria, Aragón, Madrid, Extremadura, Castilla y León y País Vasco se sitúan por debajo de esa media.
ARMANDO SANTANA 
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