ARMANDO SANTANA

Escribo este artículo pensando en quienes, desde fuera de Venezuela, se oponen a la salida de hace unos días del dictador Nicolás Maduro hablando de “legalidad internacional”. Lo hacen desde cómodos espacios donde el sueldo alcanza, la luz no se va y el agua sale del grifo. Una postura cómoda, envuelta en palabras técnicas, pero muy alejada de la realidad que vive el pueblo venezolano desde hace 25 años.

La historia de un país que perdió más del 70 % de su economía, que pasó de ser una potencia petrolera a producir mucho menos, y donde los servicios públicos dejaron de funcionar con normalidad. Pero, sobre todo, es la historia de 7,7 millones de venezolanos y venezolanas que se han visto obligados a irse, según datos de ACNUR. No se fueron por gusto. Se fueron porque no podían vivir.

Me cuesta entender que se use el derecho internacional como excusa para mirar hacia otro lado. Las leyes deben proteger a las personas y no mantener gobiernos que empobrecen a su gente. Cuando una “legalidad” genera hambre, miedo y exilio masivo, deja de tener sentido.

Muchos de los que defienden al régimen nunca aceptarían para sus propios países salarios de miseria, apagones constantes o que una cuarta parte de la población tenga que marcharse. Pero creen que eso es asumible para Venezuela. Eso no es solidaridad ni respeto a la soberanía: es hablar desde el privilegio.

Venezuela necesita empatía y sentido común. Defender a un régimen desde lejos es fácil. Vivir bajo sus consecuencias no lo es. Ninguna legalidad merece ser defendida si el precio es el sufrimiento continuo de todo un pueblo.